En los últimos años hemos visto y sufrido como la voracidad de las Administraciones ha llegado hasta límites insospechados con múltiples e imaginativas formas de sancionar y saquear al contribuyente.

Una de estas últimas es la de empresas que a cambio de un importe o un porcentaje de las multas, colocan y gestionan el cinemómetro y las multas, y luego se pasan al órgano instructor de turno para que proponga la sanción.

Este tipo de forma de “velar” por nuestra seguridad se está poniendo cada vez más de moda, sobre todo en los Ayuntamientos.

Dicho lo anterior vamos a entrar en el fondo del asunto.
En principio las denuncias impuestas mediante este método sí tienen validez siempre y cuando reúnan los requisitos formales y de notificación válidos.

Sin embargo, estas denuncias interpuestas a través de las mencionadas empresas y firmadas por el instructor de turno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del RD 1398/1993; tienen la misma validez que una denuncia presentada por un particular de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.1 d) del Decreto anteriormente mencionado.

Por tanto, ya partimos de la base de que la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento a través del cauce de la empresa carece de la fuerza de la presunción de veracidad de un agente y por tanto requiere de otras pruebas que sustenten dicha denuncia.

Dichas denuncias suelen ir acompañadas de la fotografía captada con el cinemómetro junto a la velocidad, datos de la vía y número de serie del aparato.

Sin embargo, suelen adolecer de varios defectos que pueden invalidarlas y por tanto que sean nulas.

En primer lugar, en los datos de la denuncia, casi nunca aparece el número de identificación del agente o la persona y graduación de quien maneja el cinemómetro.

En segundo lugar y casi más importante es que en la mayoría de los casos no se especifica el margen de error que se aplica.

Dependiendo de la administración que sea y del lugar puede haber otras deficiencias que pueden invalidar la denuncia. Todo depende de las ganas que se tenga de recurrir, ya que no olvidemos que la Administración de turno nos va a poner las trabas que estén a su alcance para que cejemos en nuestro empeño. Trabas incluso rozando la prevaricación; y probablemente se tenga que acabar en la vía contencioso administrativa con los gastos que ello conlleva.

Por ello, habrá que elegir entre pagar la sanción injusta con el descuento, o lucharla hasta el final.

J. Enrique Rodríguez Melero
Abogado Melero Rodríguez Asociados